Publicado el 23 septiembre, 2011 por Prensa Alcaldia de Baruta en Noticias
 
 
 

GERARDO BLYDE // LA SENTENCIA QUE HABILITA

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altLa sentencia dio también un mandato directo a la Asamblea Nacional

En 1979 los países miembros de la OEA fundaron la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), como tribunal autónomo, conformado por jueces de muy amplias credenciales procedentes de diversos países. Su objetivo establecido era (y es) velar por la correcta interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y dictaminar cuándo un Estado miembro la viola.

Es a esta Corte a la que tanto el presidente Chávez como sus dirigentes han venido descalificando desde que la semana pasada se publicó el texto de la decisión que declara habilitado a Leopoldo López ante la inhabilitación administrativa que en su contra había dictado la Contraloría General de la República, sin que previamente mediara sentencia judicial condenatoria y firme, y prohibiéndole candidatearse en cualquier elección popular.

De no haberse creado la Corte IDH, la Convención sobre Derechos Humanos suscrita por los Estados miembros de la OEA, podía haber quedado como simple declaración de buenas intenciones. Era necesaria una instancia judicial ante la cual las víctimas de violaciones de derechos humanos pudieran acudir para querellarse en contra de los Estados que violen la convención y, mediante un procedimiento en el cual pueden alegar, defenderse y probar, se culmine en una decisión que establezca si hubo o no violación a la Convención.

Colombia, mediante un procedimiento administrativo, suspendió a la senadora Piedad Córdoba del ejercicio de su cargo parlamentario, violando ese fuero especial sin que mediara procedimiento judicial que la declarara culpable. Sería interesante saber qué estará pensando la senadora destituida, amiga de Chávez. ¿Renunciará a tratar de hacer valer estos criterios en su caso o los usará para recobrar su escaño parlamentario? ¿También dirá ella que el fallo es producto de los dictámenes del imperio y que se está violando la soberanía del Estado colombiano? En Venezuela cientos de funcionarios públicos han sido inhabilitados administrativamente impidiéndoles concursar para cargos de elección popular o ser contratados por la administración pública en cualquiera de sus instituciones.

La Corte IDH ratificó lo que muchos hemos venido diciendo por años. Lo hizo con trascendencia continental. Ordena textualmente la sentencia: “El Estado, a través de los órganos competentes, y particularmente del Consejo Nacional Electoral (CNE), debe asegurar que las sanciones de inhabilitación no constituyan impedimento para la postulación del señor López Mendoza en el evento de que desee inscribirse como candidato en procesos electorales a celebrarse con posterioridad a la emisión de la presente Sentencia”.

Llama la atención que la primera declaración del Gobierno al producirse la notificación de la sentencia (por boca del canciller Maduro) fue muy cauta. Empero, bastó que el Presidente de la República en una intervención pública desmereciera tanto el contenido de la sentencia como la existencia misma de la Corte IDH, para que de inmediato todos sus funcionarios se alienaran y emitieran todo tipo de descalificaciones en contra el órgano sentenciador, máxima instancia judicial en materia de protección de derechos humanos del continente. Hasta la Asamblea Nacional -con el voto de la mayoría oficialista- acabó incorporando el tema en su agenda esta semana y acordó que el Estado venezolano debe desacatar la decisión de la Corte.

El CNE, ente directamente aludido en el dispositivo de la sentencia, escurre el bulto y manda al TSJ la consulta sobre si la sentencia es o no aplicable, si debe acatarla o desobedecerla. Manda a revisar lo que la Constitución dice que no necesita ninguna revisión. La larga discusión doctrinaria y jurisprudencial sobre si debe prevalecer el ordenamiento interno sobre los tratados internacionales o viceversa (que no aclaraba la Constitución de 1961) quedó superada por la actual Constitución. Ella dice claramente que forman parte de nuestra propia legislación y sus disposiciones tienen rango constitucional. La sentencia dio también un mandato directo a la Asamblea Nacional: “El Estado debe, en un plazo razonable, adecuar el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República…”. Ese es el artículo que inconstitucionalmente y en violación a la Convención de Derechos Humanos, da al Contralor la facultad de andar inhabilitando administrativamente. Esa ley debe ser modificada. El martes la Asamblea decidió desacatar la sentencia. ¿Se orquestarán el resto de los poderes para el mismo concierto?

gblyde@gmail.com

@GerardoBlyde

Fuente: El Universal, p. 3-6